Con motivo del Día Mundial del Hábitat, que se celebra el lunes 7 de octubre en México, es fundamental reflexionar sobre el futuro de nuestras ciudades más allá de 2030. Hoy, en un mundo trastocado por la violencia de la guerra, amenazado por el cambio climático y por estilos de vida que comprometen la sostenibilidad, además de azotado por profundas desigualdades económicas y sociales, el equilibrio de las ciudades es crucial si queremos trazar un futuro alejado de la distopía que se avecina.
Me gustaría llamar la atención sobre una crisis mundial que representa una auténtica bomba de relojería en nuestras ciudades, tanto en el Norte como en el Sur: la crisis de la vivienda. Según las Naciones Unidas, 1.600 millones de personas viven actualmente en viviendas inseguras o inadecuadas. Esto representa alrededor del 20% de la población mundial. Esta situación obliga a cada vez más trabajadores a instalarse en la periferia de los centros urbanos, lo que agrava las tensiones en el mercado laboral. Por desgracia, esta alarmante cifra se duplicará de aquí a 2050, debido a la rápida urbanización y al crecimiento demográfico.
Esta crisis de la vivienda es sistémica y tiene múltiples repercusiones. Mientras que la crisis de la vivienda ya está teniendo un grave impacto en las clases medias, que luchan por encontrar un alojamiento asequible, las consecuencias son aún más dramáticas para las personas con bajos ingresos. Para estas personas, la vivienda se convierte en un reto cotidiano, sinónimo de inseguridad financiera y empobrecimiento. Ante la subida de los alquileres, a menudo se ven obligadas a gastar una cantidad desproporcionada de sus ingresos en vivienda, a veces más del 50%, o incluso el 60% en algunas grandes ciudades. Esta situación les obliga a reducir drásticamente otros gastos esenciales, como la alimentación, la sanidad y la educación, con graves consecuencias para su bienestar y su seguridad alimentaria.
La situación es igual de crítica para las personas mayores y las mujeres solteras cabeza de familia con necesidades específicas de vivienda. Debido a sus bajos ingresos o a unas pensiones a menudo insuficientes, estas personas se enfrentan a un mayor riesgo de verse obligadas a mudarse. La falta de viviendas adecuadas y asequibles les obliga a menudo a mudarse a alojamientos más caros y de peor calidad, lejos de sus redes sociales y de apoyo, lo que aumenta su aislamiento y vulnerabilidad. También existe el problema de la “pobreza energética”, que afecta incluso a las personas mayores que viven en casas mal aisladas y cuya calefacción resulta cara.
Estos desplazamientos forzosos refuerzan las divisiones sociales y contribuyen a la segregación urbana, ya que los hogares con bajos ingresos se ven cada vez más alejados del centro de las ciudades y de las zonas dinámicas, donde se concentran las oportunidades de empleo, los servicios y las infraestructuras de calidad. Esto también repercute en el mercado laboral: las personas cualificadas que trabajan en sectores muy demandados, como la sanidad, la educación o los servicios públicos, tienen dificultades para encontrar una vivienda asequible cerca de su lugar de trabajo. En consecuencia, la crisis de la vivienda no se limita a una simple falta de acceso a la misma, sino que tiene efectos sistémicos sobre la cohesión social, la salud, la economía local y la sostenibilidad de las ciudades.
Ante estos retos, es necesaria una acción concertada. Tenemos que promover políticas de vivienda inclusivas y asequibles, y replantearnos nuestros modelos urbanos para garantizar un acceso justo a una vivienda digna. Se trata de un gran reto, pero es crucial si queremos construir un futuro sostenible y equitativo para todos.
Dar prioridad a la proximidad de los servicios es una palanca clave para aumentar la resiliencia ante la actual crisis de la vivienda y los retos urbanos. Vivir cerca de servicios esenciales como escuelas, centros de salud, tiendas, espacios verdes y transporte público aporta multitud de beneficios que abordan directamente las cuestiones de sostenibilidad, inclusión social y calidad de vida.
En primer lugar, la proximidad reduce la dependencia de los vehículos individuales y, en consecuencia, los gastos de desplazamiento. Para las familias que viven lejos de los centros urbanos, el tiempo de desplazamiento y los costes de transporte representan una parte importante de su presupuesto. La reducción de estas distancias y la integración de los servicios en los barrios en los que se vive contribuyen a reducir estos costes, lo que resulta especialmente crucial para los hogares con rentas bajas. También promueve un estilo de vida más saludable, fomentando los desplazamientos activos (a pie, en bicicleta) y limitando las emisiones de CO2, contribuyendo así a combatir el cambio climático.
En segundo lugar, un mejor acceso a los servicios públicos y privados refuerza la equidad social. Cuando los servicios esenciales están cerca, las poblaciones más vulnerables, como los ancianos, los niños o las personas con movilidad reducida, pueden acceder más fácilmente a los recursos que necesitan. Esta proximidad refuerza la cohesión social, fomenta la diversidad y reduce las desigualdades al ofrecer a todos oportunidades similares de acceso a la sanidad, la educación y el ocio.
Además, la proximidad favorece la resiliencia económica de los barrios. Un denso tejido local de servicios, comercios, pequeñas empresas y artesanos crea puestos de trabajo locales y estimula la economía local. Los barrios con buenos servicios son más resistentes a las crisis económicas porque generan circuitos cortos de producción y consumo, lo que hace que las comunidades sean más autónomas y menos dependientes de los flujos económicos externos.
Por último, la facilidad de acceso a los servicios es un factor clave de la calidad de vida. La proximidad favorece la interacción social, refuerza los lazos de vecindad y fomenta el sentimiento de pertenencia y seguridad. Las personas disponen de más tiempo para actividades sociales, culturales y familiares, lo que contribuye a su bienestar general.
La proximidad de los servicios es una poderosa herramienta para desarrollar ciudades más resilientes, capaces de hacer frente a las crisis sociales, económicas y climáticas. Ayuda a crear entornos urbanos inclusivos y sostenibles, adaptados a las necesidades de todos los ciudadanos, al tiempo que ofrece soluciones concretas a la crisis de la vivienda y a los retos urbanos del siglo XXI.
Como parte de este enfoque para crear una proximidad multiservicios en una ciudad policéntrica e interconectada, debe desarrollarse una política a medio y largo plazo para garantizar la disponibilidad y asequibilidad de la vivienda, al tiempo que se promueve la diversidad social mediante una combinación de políticas y medidas innovadoras.
La “proxiliencia”, o economía geográfica de proximidad sostenible, se perfila como una estrategia urbana central para reforzar la resiliencia de las ciudades ante los retos sistémicos actuales. Al centrarse en la proximidad policéntrica, este enfoque pretende crear entornos urbanos donde los residentes tengan un acceso rápido a los servicios esenciales, donde la economía local sea sólida y donde la movilidad sea fluida, contribuyendo así a una mayor cohesión social y a una menor dependencia de los recursos externos.
Al fomentar la economía local, la proximidad favorece las cadenas de suministro cortas y la revitalización de los barrios. Acercar la producción, la venta y el consumo reduce los costes de transporte y las emisiones de gases de efecto invernadero, así como la dependencia de cadenas de suministro globalizadas y vulnerables a las crisis. El desarrollo de tiendas locales, mercados de agricultores y actividades artesanales refuerza el tejido económico urbano al tiempo que estimula el empleo. Según la OCDE, el fortalecimiento de las economías locales puede reducir la dependencia de las importaciones hasta en un 30%, aumentando la resistencia económica frente a las perturbaciones mundiales.
La “proxiliencia” también contribuye a una mayor inclusión social. Al integrar la diversidad social y funcional en los barrios, garantiza que todos los residentes tengan un acceso equitativo a servicios como escuelas, centros de salud, tiendas e instalaciones de ocio. Este enfoque contribuye al desarrollo de vínculos de solidaridad y redes de apoyo en las comunidades, lo que mejora la cohesión social y ofrece oportunidades económicas más justas para todos. Según el Banco Mundial, las ciudades centradas en los barrios aumentan el acceso de las poblaciones marginadas a los servicios y al empleo, al tiempo que mejoran la interacción social y la calidad de vida.
En términos de movilidad, la proximidad se centra en modos de desplazamiento suaves e inclusivos, como caminar, ir en bicicleta o en transporte público, reduciendo la dependencia del coche privado. Esto reduce la congestión del tráfico, mejora la calidad del aire y libera espacio para usos de fácil utilización, como zonas peatonales, carriles bici y espacios verdes. 2Las ciudades que invierten en movilidad blanda han reducido sus emisiones de CO vinculadas a los desplazamientos entre un 15 y un 20%, al tiempo que mejoran la salud y el bienestar de sus residentes.
También promovemos este enfoque como respuesta eficaz a la crisis de la vivienda. Al promover barrios multifuncionales, facilita la construcción de diversos tipos de vivienda (social, asequible, familiar), al tiempo que fomenta su integración en un tejido urbano vibrante y conectado. Esto acerca a los residentes a los servicios, reduce los costes de transporte y libera recursos para otras necesidades esenciales. La proximidad de la vivienda a los servicios y las oportunidades económicas contribuye así a la diversidad social, la equidad y la resiliencia.
En términos alimentarios y energéticos, esta proximidad fomenta la sostenibilidad local. La creación de huertos urbanos, granjas verticales y cooperativas alimentarias refuerza la autonomía de los barrios y reduce la dependencia de los productos importados. El uso de energías renovables locales, como paneles solares y redes de calefacción urbana, aumenta la resiliencia energética de las ciudades frente a las perturbaciones climáticas y las fluctuaciones del mercado.
Por último, la “proxiliencia” es una respuesta a los choques globales a través de la resiliencia local. Apoyándose en las redes locales de solidaridad, en una economía diversificada y en unos servicios públicos accesibles, las ciudades se dotan de los medios necesarios para superar las crisis sociales, económicas o climáticas. Esta visión permite a las comunidades adaptarse rápidamente, proteger a sus residentes y mantener una alta calidad de vida. La proximidad sostenible se convierte así en una poderosa herramienta para construir ciudades inclusivas, autónomas y sostenibles, en las que la calidad de vida, la equidad y la sostenibilidad estén en el centro del desarrollo urbano.
He aquí diez formas en que este planteamiento puede contribuir a desarrollar un enfoque global de la vivienda, dando respuesta a la crisis sistémica de la vivienda.
1. Fomentar la construcción de viviendas sociales y asequibles
La construcción de viviendas sociales y asequibles debe ser una prioridad para satisfacer las necesidades de las poblaciones de ingresos bajos y medios. Las políticas públicas pueden estimular esta construcción imponiendo cuotas de vivienda asequible en cada nuevo proyecto de vivienda y ofreciendo incentivos fiscales o subvenciones a los promotores inmobiliarios que se comprometan a este tipo de desarrollo.
2. Promover una combinación de tipos de vivienda
La diversidad social y funcional debe integrarse en la planificación urbana desde la fase de diseño de los proyectos de vivienda. Esto significa diseñar barrios que acojan una diversidad de hogares en términos de ingresos, situación familiar y cultura. Esto puede implicar la construcción de una variedad de viviendas (viviendas sociales, viviendas intermedias, viviendas para estudiantes o personas mayores, etc.) en el mismo barrio. Esta mezcla crea comunidades más dinámicas, inclusivas y resistentes.
3. Potenciar la renovación, la rehabilitación, la reconversión y el uso múltiple para conseguir más viviendas
Además de la construcción de nuevas viviendas, es esencial transformar las zonas mono funcionales para ofrecer más viviendas con una mezcla de usos sociales, funcionales y mixtos. Esto incluye la renovación de edificios antiguos para hacerlos habitables, energéticamente eficientes y asequibles, con el fin de aumentar la oferta de viviendas disponibles a un coste moderado.
4. Promover la vivienda participativa y la vivienda cooperativa
Los modelos de vivienda participativa y cooperativa ofrecen alternativas interesantes para crear viviendas asequibles al tiempo que promueven una mezcla social. En este tipo de modelos, los residentes participan en el diseño y la gestión de sus viviendas, lo que reduce los costes de construcción y garantiza un entorno inclusivo y solidario. La vivienda cooperativa también ayuda a proteger las viviendas de la especulación inmobiliaria fomentando la propiedad colectiva o los modelos de alquiler a largo plazo.
5. Regular los alquileres y luchar contra la especulación inmobiliaria
En muchas ciudades, el aumento de los alquileres y la especulación inmobiliaria hacen que la vivienda sea inasequible para una gran parte de la población. El control de los alquileres, como la limitación de los precios y el control del aumento de los alquileres, puede ayudar a estabilizar el coste de la vivienda. Al mismo tiempo, la lucha contra la especulación y las inversiones puramente lucrativas (como las segundas residencias o las propiedades compradas para dejarlas vacías) puede liberar más viviendas en el mercado de alquiler.
6. Modelos innovadores de financiación y propiedad
Los modelos alternativos de financiación y propiedad pueden desempeñar un papel clave para que la vivienda sea más asequible. Por ejemplo, el alquiler con opción a compra (o “leasing”) permite a los hogares adquirir una vivienda gradualmente, mientras que los fideicomisos de tierras comunitarias garantizan la propiedad colectiva de la tierra y dejan viviendas disponibles para alquileres asequibles. Estos modelos ofrecen una flexibilidad que puede adaptarse a las necesidades de las distintas categorías sociales.
7. Desarrollo de asociaciones público-privadas
La colaboración entre los sectores público y privado es esencial para la ejecución de proyectos de vivienda asequible. Las asociaciones público-privadas pueden movilizar recursos financieros, de suelo y técnicos para desarrollar viviendas asequibles. A cambio, las autoridades pueden establecer obligaciones para garantizar que estos proyectos contribuyan a la diversidad social y cumplan criterios de accesibilidad y sostenibilidad.
8. Utilización de suelo público para crear viviendas asequibles
El suelo representa una parte importante del coste de la vivienda. Las autoridades locales pueden fomentar el desarrollo de viviendas asequibles poniendo a disposición suelo público en condiciones favorables, siempre que los proyectos cumplan criterios de asequibilidad y mezcla social. Esto reduce los costes de construcción y garantiza un acceso equitativo a la vivienda.
9. Hacer los barrios más atractivos y bien comunicados
Para fomentar la diversidad social, es crucial desarrollar barrios que ofrezcan una alta calidad de vida, servicios accesibles (escuelas, centros de salud, comercios), espacios públicos de alta calidad y un transporte público eficiente. La diversidad social será tanto más fácil de conseguir si todos los barrios de una ciudad, y no sólo el centro, ofrecen condiciones de vida satisfactorias, que permitan a hogares de distintos niveles de renta establecerse en ellos y prosperar.
Combinando estas diferentes estrategias, es posible promover la creación de viviendas asequibles al tiempo que se fomenta la diversidad social, contribuyendo así a unas ciudades más inclusivas, resilientes y equitativas.
10. Lucha contra las viviendas vacías y la especulación turística vinculada a las plataformas de alquiler
Un factor importante que contribuye a la crisis de la vivienda es el aumento de casas desocupadas o desviadas para alquiler turístico a corto plazo a través de plataformas en línea (como Airbnb). En muchas ciudades, estas viviendas, originalmente destinadas a residentes permanentes, se están convirtiendo en alquileres temporales, lo que provoca una reducción de la oferta de alojamiento disponible a largo plazo y un aumento de los alquileres.
El habitat integral es mucho más que alojarse o tener un techo y cuatro paredes. La verdadera vida urbana significa vivir con dignidad, con acceso a los servicios esenciales, en barrios inclusivos que fomenten la mezcla social. Significa adoptar un enfoque centrado en la proximidad, donde las distancias cortas se convierten en la clave para una mejor calidad de vida, una mayor cohesión social y un entorno urbano sostenible y resistente. Es un planteamiento de futuro que exige el desarrollo de políticas públicas coherentes para alcanzar este objetivo: ¡construir una verdadera ciudad para todos!
–
*Director Científico de la Cátedra ETI, IAE París Sorbona, Université Paris1 Panthéon Sorbonne